EEUU: Inversión en infraestructura de caída Destacado

 

El 1 de Septiembre de 2017, el US Census Bureau publicó las estadísticas de gasto en construcción para el mes de Julio. En lo que respecta a inversión pública en infraestructura de transporte (carreteras, puertos, puentes, aeropuertos, ferrocarriles, transporte público) las cifras apuntan hacia una brecha cada vez más amplia entre lo ejecutado y lo requerido.

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A nivel estatal y local la inversión cae 5.8%

Los datos de Julio 2017 (anualizados), reportan un inversión pública total de $112.6 billones (-5.5% versus $119.2 billones en Julio 2016), a pesar que en el mismo período del año pasado se había registrado una disminución anual de -8.6%. En lo que respecta a los diversos niveles de gobierno, los Estados y gobiernos locales reportaron la cifra de $109.6 billones (-5.8% versus $116.4 billones en Julio 2016). El Gobierno Federal por su parte incremento los niveles de inversión a $3.1 billones (+7.8% versus $2.8 billones en Julio 2017).  

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Es claro que el grueso del esfuerzo por revitalizar la red de infraestructuras está en los Estados y no necesariamente en las decisiones que pueda tomar el Gobierno Federal en Washington. Este es un escenario claro que debe entender la Administración Trump, dada su intención -aun poco clara- de dinamizar este sector.

Brecha en infraestructura de transportes del 1% del PIB

En relación al producto interno bruto (PIB), la inversión en infraestructura de transporte se encuentra (en términos anualizados) en 0.59% del PIB (versus 0.64% en Julio 2016).  Por su parte, el Global Infrastructure Hub (GIH) y la American Society of Civil Engineers (ASCE) estiman que los Estados Unidos deben invertir anualmente al menos 1.5% del PIB.  Es decir, la brecha anual se mantiene cercana al 1% del PIB, lo que implica la necesidad de un esfuerzo muy importante por duplicar la inversión que realizan actualmente los Estados y gobiernos locales. 

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En línea con los datos reportados, el 15 de Agosto de 2017 el Presidente Trump firmó una Orden Ejecutiva que busca facilitar los procesos de permisos y evaluación ambiental de los proyectos.  Sin embargo, esto constituye apenas un esfuerzo aislado ya que no existe aún un marco definido de acciones para impulsar la inversión por parte de los Estados. La idea de involucrar al sector privado no resuelve el problema por si solo pues sigue quedando de lado una pregunta clave ¿quién pagará por los nuevos servicios de infraestructura?

Ante este escenario, los inversionistas y empresas ligadas al sector construcción deben aún esperar para tener un panorama más claro. Los datos son claros y aún no pasamos de las buenas intenciones.